La Ley 21.595 que modifica la Ley 20.393 establece más de 250 delitos por los que puede ser responsable la persona jurídica. Se clasifican en las siguientes categorías:
Delitos contra la vida, salud e integridad física y tráfico ilícito de migrantes
Infracciones económicas, societarias, tributarias y aduaneras
Infracciones informáticas y de telecomunica ciones
Integridad y autenticidad documental
Infracciones a normativa laboral y de seguridad social
Delitos funcionarios y de administración del Estado
Conductas de cohecho, corrupción y fraude
Conductas anticompetitivas
Financiamiento del terrorismo
Transparencia, limite y control de gasto electoral
Propiedad intelectual
Delitos contra el mercado financiero, ley general de bancos y seguros
Infracción a normativa medioambiental
Infracción normativa social o minera
Estas familias de delitos se pueden materializar en conductas tales como: uso indebido de recursos institucionales, rendiciones falsas, uso malicioso de instrumentos tributarios, internación de bienes sin pagar los aranceles aduaneros, conflictos de interés no declarados, manipulación de documentos, pagos indebidos, regalos o beneficios de proveedores, incumplimientos graves de seguridad, afectación de fondos públicos, fraude, cohecho o falsificación de información, entre otros.
